A estas alturas ya todos sabréis de lo que hablamos y que hay miles de blogs que se han adherido. Más allá de las puntualizaciones que quieran hacerse, me uno ante este nuevo atropello del gobierno:
Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que…
1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia
Este texto se publica multitud de sitios web. Si estás de acuerdo, publícalo también en tu blog.
[En inglés, tal y como se ha hecho eco Boing Boing]
A group of journalists, bloggers, professionals and creators want to express their firm opposition to the inclusion in a Draft Law of some changes to Spanish laws restricting the freedoms of expression, information and access to culture on the Internet. They also declare that:
1 .- Copyright should not be placed above citizens’ fundamental rights to privacy, security, presumption of innocence, effective judicial protection and freedom of expression.
2 .- Suspension of fundamental rights is and must remain an exclusive competence of judges. This blueprint, contrary to the provisions of Article 20.5 of the Spanish Constitution, places in the hands of the executive the power to keep Spanish citizens from accessing certain websites.
3 .- The proposed laws would create legal uncertainty across Spanish IT companies, damaging one of the few areas of development and future of our economy, hindering the creation of startups, introducing barriers to competition and slowing down its international projection.
4 .- The proposed laws threaten creativity and hinder cultural development. The Internet and new technologies have democratized the creation and publication of all types of content, which no longer depends on an old small industry but on multiple and different sources.
5 .- Authors, like all workers, are entitled to live out of their creative ideas, business models and activities linked to their creations. Trying to hold an obsolete industry with legislative changes is neither fair nor realistic. If their business model was based on controlling copies of any creation and this is not possible any more on the Internet, they should look for a new business model.
6 .- We believe that cultural industries need modern, effective, credible and affordable alternatives to survive. They also need to adapt to new social practices.
7 .- The Internet should be free and not have any interference from groups that seek to perpetuate obsolete business models and stop the free flow of human knowledge.
8 .- We ask the Government to guarantee net neutrality in Spain, as it will act as a framework in which a sustainable economy may develop.
9 .- We propose a real reform of intellectual property rights in order to ensure a society of knowledge, promote the public domain and limit abuses from copyright organizations.
10 .- In a democracy, laws and their amendments should only be adopted after a timely public debate and consultation with all involved parties. Legislative changes affecting fundamental rights can only be made in a Constitutional law.
